La Comisión Europea negocia desde el año pasado un Acuerdo de Comercio e Inversiones Transatlánticas (TTIP) con los Estados Unidos que crearía la más extensa zona de libre comercio en el mundo.

Ochocientos millones de consumidores, la mitad del PIB mundial y el 40% de las operaciones comerciales. Es el «proyecto estrella» del momento, pero los medios de comunicación pasan de puntillas sobre el tema. ¿Por qué?
Se trata de un viejo objetivo de los círculos financieros internacionales que lleva más de veinte años en la mente de sus promotores en Washington y Bruselas. La próxima ronda de conversaciones se celebrará en marzo y quienes lo impulsan esperan llegar a un acuerdo en 2015.
Los ciudadanos de nuestros países no son informados de un debate en el que, en cambio, sí están presentes las multinacionales.
Tratan principalmente los interesados de eliminar las llamadas «barreras no arancelarias», esto es, el conjunto de reglas europeas que -según ellos- sólo son «obstáculos para el libre comercio»: normas sociales de producción, salarios regulados, medio ambiente, salud, movimientos de capitales… El objetivo es alinear los estándares europeos con la normativa de EEUU.
En agricultura, por ejemplo, se produciría el desembarco de los productos de bajo coste de la agroindustria norteamericana: carne de vacuno tratada con hormonas, cárnicos rociados con ácido láctico, pollos desinfectados con cloro, transgénicos, aditivos considerados hasta ahora tóxicos, animales alimentados con harinas producidas con huesos, pesticidas prohibidos… En materia medioambiental, las normas de nuestros países serían aparcadas. En lo social, las regulaciones que cada vez menos protegen a los trabajadores podrían ser impugnadas.
Y, por si fuera poco, las disputas que pudieran surgir se remitirían a tribunales de arbitraje compuestos por un representante del país afectado, otro de la empresa en cuestión y un tercero designado por ambos. No cabría posibilidad de recurso frente a su decisión, con lo que el amparo de nuestros tribunales de justicia quedaría automáticamente excluido.
Los textos del acuerdo se negocian entre bastidores y la falta de transparencia es total. Los contribuyentes no reciben información de sus gobiernos y los medios de comunicación callan, algo que nos hace sospechar fundadamente que el tratado se ajusta demasiado a los intereses de los grandes grupos industriales, no a los de los ciudadanos.
Fonte PxL