O goberno do PSOE non pediu a UE a retirada do veto a construcción naval en Ferrol.

El último anuncio de Joaquín Almunia con respecto a los astilleros de Navantia en Fene ha supuesto un duro golpe para todos aquellos que venían exigiendo, desde hacía tiempo, el levantamiento del veto que Bruselas interpuso sobre la construcción de barcos civiles en dicho astillero y que se prolonga hasta el 2015. Según el vicepresidente de la Comisión y responsable de Competencia, «España no ha pedido levantar el veto» a la construcción de buques civiles en Fene declaraciones ante las que aclaró que sigue vigente el acuerdo alcanzado en 2005 por Pedro Solbes, un acuerdo -que según él- vuelve a poner «las cosas en su sitio» después de que el Gobierno concediese unas ayudas públicas para poner en marcha la reestructuración del sector naval y que «no habían sido notificadas o tratadas con arreglo a las reglas europeas».

Continuando con su defensa, Almunia reivindicó que «los acuerdos están para que se cumplan, para que se respeten y nos beneficia a todos que se cumplan y se respeten». Una insistencia ante la que optó por mirar a los vecinos europeos, sacando a colación los casos de países como Alemania o Polonia, que también han alcanzado un pacto «de las mismas características».

Uno de los últimos en reivindicar esta medida fue el líder de la Comunidad gallega, Alberto Núñez Feijóo, quien anunció hace escasamente un mes que presionaría al gobierno de Zapatero para que urgiese las negocaciones. Y es que, como bien se encargó de recordar el popular, el mismo presidente prometió en el Congreso que impulsaría este asunto, que se perfiló como una de las demandas de la Comunidad en esta presidencia española de la UE. En este sentido, Feijóo apeló a la sensibilidad de las autoridades españolas en torno a un tema tan relevante para Galicia, por lo que anunció que no sólo pediría el cese del veto sino también que especificase «la forma en que va a ir España a defender el naval civil en Fene».

Por su parte, el Ejecutivo comunitario ha repetido en varias ocasiones que la retirada del veto, vigente hasta 2015, supondría la devolución de 975 millones de euros, una devolución derivada de ayudas públicas destinadas a los astilleros españoles entre 199 y 2003 y que fueron calificadas por la Comisión europea como ilegales.

Al hilo de esta cuestión, fuentes cercanas al Ministro de Fomento, el gallego José Blanco, comentaron el pasado mes que «si no ha habido petición oficial es porque en los contactos informales la Comisión ha advertido que su respuesta sería negativa». Un posicionamiento que el interés de que José Blanco dijo tener por el tema -y que lo llevó a tratar la cuestión en persona con el propio Almunia- no logró variar.

Ante el cariz que el tema ha ido adquiriendo en los últimos tiempos, voces muy cercanas a la problemática como la del presidente del PP en Ferrol, José Manuel Rey Varela, no dudaron en criticar abiertamente la postura del presidente. Rey lo censuró por incumplir su palabra e «intentar engañar a los ferrolanos» al conocerse la evolución de las negociaciones. En iguales términos se manifestaron los nacionalistas a través de su diputado en el Congreso, Francisco Jorquera, que alertó sobre la pérdida de oportunidades que esta paralización supone para la Comunidad. «No se puede entender que se mantenga el veto cuando hubo astilleros que no daban abasto en la fabricación», expuso.

Fonte ABC